Se registraron 20 alertas en el mercado de valores entre el 2018 y el 2024
La justicia emite sentencias a algunos casos sonoros este año e investiga otros
Los casos de estafas, fraudes y esquemas piramidales que prometen a sus víctimas “multiplicar el dinero” resuenan cada vez más en la opinión pública, planteando serios desafíos para las autoridades, tanto en la persecución de estos delitos, como en la concientización a la ciudadanía para prevenir que inviertan dinero en actividades no reguladas por los organismos competentes.
Alertas de Hacienda
El caso más reciente lo advirtió el Ministerio de Hacienda, luego de detectar actividades fraudulentas en Corelink App, una plataforma que se dedica a la captación de fondos a través de apuestas deportivas, sin regulación por parte de la Dirección General de Casinos, por lo que sus transacciones carecen de garantías para quienes invirtieron en un esquema de negocio multinivel.
Esta sería la segunda alerta en este 2025 que emite la entidad luego del aviso publicado sobre ATB Football Investment, un supuesto fondo de inversión deportivo incorporado en los Estados Unidos y que operaba sin un permiso de operación para bancas de apuestas deportivas.
El titular de la compañía, Kendrwi Antonio Jiménez Florencio, tuvo que resguardarse en una casa de acogida desde el pasado 3 de marzo, luego de que más de una decena de clientes fueran a su local, en San Francisco de Macorís, reclamando “hasta un millón de pesos” invertidos en la estafa.
Mercado de valores
Además de Hacienda, otras entidades han publicado avisos en sus sitios web sobre personas y empresas que han incurrido en actividades de inversión sin regulación alguna.
La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) ha emitido 20 advertencias al público inversionista entre el 2018 y el 2024 sobre empresas y personas que operaron sin la debida autorización para hacerlo.
Del total de alertas publicadas por la SIMV –generadas solo a partir de las denuncias presentadas a esta institución– 14 de ellas se realizaron en el 2023.
Fue en este año en el que advirtió que tanto Jairo Joel González Durán como Kelmin Santos, asociados a la empresa Harvest Trading Cap, estaban fuera del registro del mercado de valores, un listado público con los nombres de empresas y personas que operan reguladas, citando los instrumentos autorizados a ofertarse dentro del mercado.
En febrero pasado, Jairo González fue condenado a cinco años de prisión por el fraude en inversiones de criptomonedas, al pago de 25 millones de pesos en multas y de costas penales y civiles por el caso.
Sin embargo, González lleva otros procesos abiertos por una estafa de más de 100 millones de dólares en otros activos financieros, en los que se salieron afectadas 413 personas.
El año pasado, la SIMV solo registró cuatro casos de personas no autorizadas en el registro del mercado de valores, entre los que se encuentra Claribel Mejía de Jesús, quien figura bajo el nombre comercial Mdrives, registrado desde el 2022 ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) como una marca dedicada a la compra, venta, alquiler y financiamiento de inmuebles.
No se pudo encontrar información, hasta el momento, de si este caso –al igual que el del resto de personas físicas y jurídicas citadas por la SIMV– han comparecido ante las autoridades.
El final de “Mantequilla”
En enero pasado, los jueces de la segunda sala de la corte de apelación de Santo Domingo Este ratificaron la condena de dos años de prisión suspendida a Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, quien acumuló deudas de hasta 150 millones de pesos tras estafar a más de 600 personas a través de 3.14 Inversiones, una empresa con la que prometía “doblar” las ganancias.
El caso cobró notoriedad pública en el 2022 cuando el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, alertara de que esta compañía operaba bajo un esquema piramidal.
García deberá presentarse periódicamente ante el juez de ejecución de la pena durante los dos años establecidos, además de ser sometido al pago de 100,000 pesos a 40 de los estafados por su negocio.
Investigaciones en curso
En febrero pasado, el Ministerio Público ratificó la prisión preventiva contra los imputados en la Operación Gaviota, una red de estafa operada por al menos siete personas detrás de Investor Winner, una empresa que desfalcó a sus clientes por más de 3,000 millones de pesos a ser invertidos en supuestas operaciones de trading, prometiendo rendimientos de entre 10 % y 30 % al mes, al margen de las regulaciones de la SIMV y la Superintendencia de Bancos.
Este es el caso más complejo de las cuatro denuncias más sonoras sobre estafas piramidales presentadas ante las autoridades por 429 afectados durante el año pasado, y que involucran a empresas como Pipschaser Capital, My Easy Tron Bot, HDLS Digital Kindgdom Investment y la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop).
Todas estas empresas prometían tasas de inversión exhorbitantes –entre un 10 % y un 204 %–, desfalcando, en su conjunto más de 397 millones de pesos a los que cayeron en la trampa.
Someten proyecto de ley para penalizar las estafas piramidales
El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, presentó un proyecto de ley para penalizar las estafas basadas en esquemas piramidales, contemplando aumentar la pena entre cinco a veinte años de prisión para quienes incurran en actividades de intermediación financiera no autorizadas.
Actualmente, las multas para las estafas apenas alcanzan los cinco años de prisión como máximo.
En efecto, el Código Penal multa la estafa con penas de prisión correccional de seis meses a dos años, según el artículo 405.
- Los artículos 406, 407 y 408 de esta normativa reconocen como delito el “abuso de confianza”, como se le denomina a quienes sustraen efectos, capitales, mercancías o billetes en calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda o préstamo en perjuicio de los poseedores de estos capitales. Por ello, se establece una pena de tres a cinco años de prisión como máximo.
Si la estafa se realiza a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de comunicaciones, se comete una violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La normativa castiga con la pena de tres meses a cinco años de prisión la comercialización no autorizada o ilícita de bienes y servicios a través del internet, además de multas que van de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
