Un decreto del Poder Ejecutivo prorroga hasta diciembre de este año la compra de materiales para la seguridad nacional
El Poder Ejecutivo, a través de un decreto firmado por el presidente Luis Abinader, autorizó por octava vez consecutiva los procedimientos de excepción para comprar o licitar armas, vehículos y municiones de combate que se utilizarían para resguardar la seguridad nacional.
La orden para los procesos de excepción está contenida en el decreto 25-25 que fue firmado el 17 de enero de este año. La decisión del presidente permite que ocho instituciones estatales y castrenses se acojan a los procesos de excepción para hacer contrataciones extraordinarias.
En específico, las ocho instituciones están autorizadas para comprar y contratar armas letales, municiones, bombas de gas, chalecos antibalas, vehículos de combate, radares terrestres y aéreos, sistemas informáticos y servicios de consultoría vinculados exclusivamente a la seguridad ciudadana y la defensa nacional.
De acuerdo con el decreto, estos artículos y vehículos podrán comprarse bajo el procedimiento de excepción que, según la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, son modalidades que se usan para causas especiales y que permiten agilizar los trámites ante "escenarios y sucesos atípicos".
Las instituciones autorizadas para contratar bienes de seguridad nacional son el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Información reservada
Uno de los artículos del decreto puntualiza que las informaciones referentes a las contrataciones de seguridad nacional son "reservadas", mientras que en otro punto se detalla que las instituciones autorizadas deben rendir un informe de sus procedimientos al Poder Ejecutivo.
La octava vez
La primera vez que se tomó una decisión similar en el gobierno de Luis Abinader fue en diciembre del 2020. Esa decisión se ha ido prorrogando a través de decretos en julio del 2021, marzo y septiembre del 2022, enero del 2023, enero del 2024 y agosto del 2024.
La prórroga de agosto del 2024 extendió la decisión de seguridad nacional hasta diciembre de ese mismo año. La más reciente, publicada a mediados de enero de este año, estará vigente hasta diciembre.
En cada decreto, la decisión presidencial argumenta que el Poder Ejecutivo debe usar "todos los mecanismos vigentes" para combatir las amenazas y ataques a la seguridad nacional que sean causados por el crimen organizado, el tráfico de armas y el tráfico de personas.
