El proyecto de ley se enfoca en crear una alerta Amber para niños y personas desaparecidas en condiciones vulnerables
Con el propósito de localizar rápido y resguardar a los desaparecidos en condiciones vulnerables, 40 diputados propusieron un proyecto de ley de alerta Amber con el que buscan crear una brigada nacional compuesta por 10 entidades públicas para ejecutar acciones de búsqueda de niños y personas que tengan alguna discapacidad.
El proyecto de ley es autoría de las diputadas oficialistas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló, y fue respaldado con las firmas de otros 38 legisladores.
En esencia, la iniciativa busca una gestión más ágil para rastrear a personas vulnerables como niños y niñas, ciudadanos con trastornos mentales o aquellos cuya condición los coloque en un estado que les impida defenderse de su sustractor o dirigirse a un sitio de resguardo.
Para ello, el grupo de congresistas propone la creación de la Brigada Nacional del Sistema Amber compuesta por:
- Procuraduría General de la República
- Policía Nacional
- Dirección General de Migración
- Instituto Nacional de las Telecomunicaciones
- Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología
- Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1
- Fuerzas Armadas
- Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i)
- Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat)
- Cuerpo de Bomberos
¿Qué haría la brigada?
Cuando se emita una alerta Amber por la desaparición de una persona en situación vulnerable, la brigada, según la pieza congresual, deberá divulgar la ausencia por todos los medios de comunicación.
Además, deberá enviar alertas inmediatas a todas las autoridades en fronteras, puertos y aeropuertos del país y elaborar un informe de todo lo que se ha ejecutado en las primeras seis horas de pérdida de un niño o persona con condición especial. También deberá proteger la identidad de todos los que ofrezcan pistas valiosas de los paraderos y hacer una base de datos con todos los desaparecidos vulnerables en los últimos 20 años.
Consecuencias
En caso de que algún empleado público o funcionario de los que sirven en alguna de las entidades involucradas en la brigada se negara a ejecutar acciones inmediatas de búsqueda de un menor de edad, será destituido inmediatamente de su cargo, plantea el proyecto.
El artículo 19 de la propuesta congresual dispone que la Procuraduría creará un banco de pruebas científicas de ADN de los niños desaparecidos y de los familiares que demandan su localización para que, de esa forma, se cuenten con los medios suficientes para su localización o identificación.
Además, otro artículo de la pieza establece que la brigada de rescate deberá priorizar la cooperación con organismos internacionales como la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) y el Programa de Formación y Asistencia Técnica de la Alerta Amber (AATAP).
Los argumentos
En los argumentos del proyecto, los proponentes destacan que las primeras 48 horas tras la desaparición de una persona vulnerable son fundamentales para su localización, por lo que el Estado debe contar con una estructura capaz de responder con celeridad durante ese período crítico.
Además, se resalta la importancia de una comunicación efectiva entre las entidades responsables de las labores de búsqueda y rescate, así como la incorporación de equipos especializados en salud mental que puedan guiar la interacción con personas que presenten este tipo de condiciones.
El referido proyecto se encuentra bajo el estudio de la comisión permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, que preside el congresista Carlos Sánchez.
