Santo Domingo.– Los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta recurrieron este viernes a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que conduce el juicio contra estos y otros acusados del presunto caso de corrupción Operación Calamar.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo en una nota que esto motivó a que la audiencia se aplazara para el 2 de mayo.
Explicó que la magistrada advirtió "que esto podría convertirse en un litigio temerario y advirtió la posibilidad, tal como establece el Código, de que las partes estuvieran recurriendo a esto como una estrategia dilatoria".
La recusación la encabezó la defensa de Gonzalo Castillo, quien recurre por segunda vez a esa táctica dilatoria, tal y como advirtió la jueza en audiencia, indicó la titular de la Pepca. Dijo que luego se le sumaron las defensas de Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
"En el proceso de hoy, de la audiencia preliminar de Operación Calamar, las defensas técnicas de los imputados Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y Ramón Peralta recusaron a la magistrada juez de la Instrucción en rechazo a su decisión de que el Ministerio Público presentara su acusación de forma resumida", dijo Ortiz.
En el expediente de Operación Calamar, el órgano persecutor imputa a veinte personas de sustraer más de 19,000 millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Además de Castillo, Peralta y Guerrero, se vincula en la estafa al excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo; al exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
El Ministerio Público acusa al grupo de incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
