Un funcionario de la administración declaró a la AFP que "a la luz del aumento de las amenazas contra agentes federales y edificios federales" movilizarán a Marines.
El Gobierno estadounidense anunció este lunes que desplegará a 700 militares de los Marines en Los Ángeles en respuesta a los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad por las redadas migratorias, lo que enfureció al gobernador de California.
Un funcionario de la administración declaró a la AFP que "a la luz del aumento de las amenazas contra agentes federales y edificios federales" movilizarán a Marines.
"Marines estadounidenses en activo de Camp Pendleton serán desplegados en Los Ángeles para ayudar a proteger a los agentes federales y los edificios", declaró la fuente que pidió mantener el anonimato.
El funcionario dio primero la cifra de 500 marines, pero más tarde actualizó el número a 700.
El gobernador Gavin Newsom criticó la decisión "demente" del "dictatorial" presidente de Estados Unidos.
"Los marines de Estados Unidos han servido honorablemente en múltiples guerras en defensa de la democracia", publicó Newsom en X. "No deberían ser desplegados en suelo estadounidense enfrentándose a sus propios compatriotas para cumplir la fantasía demente de un presidente dictatorial. Esto es poco estadounidense", añadió.
El ejército estadounidense confirmó por separado el despliegue de "aproximadamente 700 marines" de un batallón de infantería en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos en medio de los disturbios.
Se sumarán a las fuerzas de la Guardia Nacional que el presidente republicano Donald Trump desplegó el sábado sin el consentimiento del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.
El mando militar regional declaró que en la operación en curso en Los Ángeles, denominada Task Force 51, "participan unos 2.100 guardias nacionales" y "700 marines en activo".
Todos han sido "entrenados en desescalada, gestión de multitudes y normas para el uso de la fuerza".
El despliegue de militares en activo en territorio estadounidense es una decisión excepcional, que preocupa a los activistas de los derechos civiles.
