El youtuber se queja de que es anciano y de que Ministerio Público lo tiene en varios procesos a la vez
La ministra de Interior y Policía Faride Raful advirtió que estará en cada una de las audiencias por la querella que interpuso por difamación e injuria, mientras que Ángel Martínez, a quien acusa, se quejó de que se le persigue judicialmente en varias jurisdicciones a la vez, cuando solo puede estar en un solo lugar.
Raful sostuvo que no delegará el reclamo ante la justicia de que se le repare por el daño a su dignidad como persona.
“Voy a estar presente en cada una de las audiencias sin delegación que no sea simplemente la de mi abogado porque creo que la defensa, la dignidad humana de las personas no se pueden delegar”, afirmó la funcionaria al salir de la primera audiencia por su querella y que correspondió a la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público (MP) contra Martínez.
La solicitud fue aplazada para el lunes, día en el que se conocerá la demanda que hizo la funcionaria contra la también comunicadora Ingrid Jorge (la Torita), pero por separado y con otro juez.
Martínez, quien tiene varias querellas en su contra, se quejó que debía estar en el día de ayer en otra audiencia en Mao y pidió al Ministerio Público que se ponga de acuerdo porque no puede estar en todas a la vez.
El llamado “el detective Ángel” dijo que se pierde el tiempo con él, porque es un “anciano” y sin recursos, por lo que no posee los 50 millones de pesos que la funcionaria pide por los daños y perjuicios que alega se le causó con un supuesto video de su vida privada.
Es un “mentiroso”
El abogado de Faride Raful sostuvo que Martínez abusó de los medios que tiene contra la persona de la funcionaria, por lo que eso “no se negocia” y deberá responder ante la justicia. “Él dice que es un anciano, dijo que tiene problemas cardíacos, que vaya al médico”, le recomendó Miguel Valerio.
Sostuvo que Martínez “canta como gallo, pero corre como gallina”. En tanto que el representante legal de Martínez cuestionó lo que consideró “un interés marcado de la Procuraduría” en la demanda de la ministra de Interior y Policía, dándole un “tratamiento diferenciado”.
El MP pide, como medida de coerción contra el youtuber en este caso, una garantía económica de dos millones de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica.
