Entre las conductas que se atribuyó a la estructura, además estuvo la de patrocinar los kilos de drogas ocupados, así como su salida del territorio nacional con destino hacia Puerto Rico, donde también fueron ocupados 328 kilogramos de cocaína.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ejecutó, conjuntamente con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, 13 allanamientos e incautaciones en Samaná y Santo Domingo Este para desarticular otros miembros de la red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos desmantelada en 2023.
La estructura criminal era encabezada por Omar Ortiz Mosquea y Arantza García Eusebio, quienes son procesados.
En la operación, en la que participaron cinco fiscales, más de 70 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y un equipo técnico; se incautaron 10 propiedades, así como documentos vinculantes, títulos de propiedad y aparatos electrónicos a los que se les realizará el análisis pericial correspondiente.
Entre los lugares intervenidos figuran Loma Atravesada, Las Galeras, Las Terrenas, en la provincia Samaná, y en Santo Domingo Este, en la provincia Santo Domingo.
La referida estructura criminal se dedicaba a realizar acciones ilícitas de narcotráfico a nivel local e internacional y al lavado de activos proveniente de dicho delito precedente, en violación a las leyes números 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El 20 de febrero del año 2023 le fueron ocupados 243 paquetes conteniendo 250.58 KG de cocaína clorhidratada, confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Entre las conductas que se atribuyó a la estructura, además estuvo la de patrocinar los kilos de drogas ocupados, así como su salida del territorio nacional con destino hacia Puerto Rico, donde también fueron ocupados 328 kilogramos de cocaína.
Con el dinero movido por esta actividad criminal los imputados adquirieron bienes muebles e inmuebles, además de que hicieron simulación de ventas y colocaron altas sumas de dinero en el sistema financiero, lo que permitió una segunda intervención, para incluir a otros miembros de la estructura.
El órgano persecutor presentó acusación penal contra los miembros de la organización, la cual fue sustentada con más de 600 pruebas, entre documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, que vinculan estrechamente a los procesados a los hechos que son investigados por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada. El expediente también involucra al prófugo Joel Antonio Estévez Batista.
