Los funcionarios involucrados manipularon las licitaciones para asegurar que los contratistas seleccionados fueran aquellos dispuestos a cumplir con los pagos ilícitos, sin importar si estos si cumplían o no con los requisitos técnicos o económicos establecidos en las convocatorias.
Diez hombres, militares y civiles, están siendo acusados por el Ministerio Público de ser parte de una red criminal que se dedicaba a estafar el Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecen servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
