Gómez Canaán está imputado, junto al exdirector del Intrant, Hugo Beras, en el caso de sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo
Una jueza de instrucción rechazó ordenar la devolución al empresario tecnológico José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) de 23 relojes de lujo, dos vehículos blindados, una pistola y una escopeta, bienes que le incautó el Ministerio Público durante un allanamiento hace casi un año.
Gómez Canaán está imputado, junto al exdirector del Intrant, Hugo Beras, de sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El empresario falló en su segundo intento de que se le devuelvan bienes suntuosos porque, en agosto de este mismo año, se le denegó descongelársele cuentas corrientes y de ahorros, así como de nómina en la compañía Dekolor, en donde, además de propietario “funge como gerente” y recibe 100,000.00 pesos mensuales.
La resolución en la que se rechaza el levantamiento del secuestro de los 23 relojes de lujos, dos vehículos blindados Toyota Land Cruiser VXR, una escopeta y una pistola que fue modificada para convertirla en un fusil, fue emitida por Franchesca Potentini Rosario, jueza suplente designada el 25 de agosto de este año 2025.
El 14 de agosto del 2025, Patricia Padilla, jueza control de la investigación a Gómez y a Hugo Beras, además de negar levantar el embargo a las cuentas del empresario, también rechazó retirar todas las medidas impuestas por el Ministerio Público a tres inmuebles ubicados en Higüey, en el Distrito Nacional y en La Vega.
Entre las marcas de los relojes que tiene en su poder el Ministerio Público y que el empresario alega son de su propiedad comprados con dinero lícito, figuran Richard Mille, Pablo Mac Donough (RM53-01CA01/30), Patek Philippe, Rolex y Audemars Piguet.
El Ministerio Público estuvo representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales Jonathan Perez Fulcar, Miguel Collado y Arolin Lemos.
Gómez estuvo representado por los abogados Carlos Balcácer, Juan Hirohito Reyes y Johanny Elizabeth Castillo Sabarí, quienes alegaban que los bienes que procuraban fueran restituidos a su cliente no guardan relación con el proceso de investigación por la supuesta licitación irregular en el Intrant en la que se seleccionó a la empresa Intrant y por la que se le imputa.
También sostienen que los bienes fueron obtenidos por Gómez mucho antes del 2020.
Blindaje de vehículos sin autorización
En su turno para pedir a la jueza que no acogiera la petición del imputado, el Ministerio Público sostuvo que los vehículos tienen “un blindaje ilegal”, porque no contaban con el permiso para hacerlo.
“¿Y quién hace el pago de ese blindaje?, PagoRD Xchange, la empresa que él dice que no es de él, que no tiene nada que ver con la empresa, hace el pago de blindaje de ese vehículo que se le ocupó a él", dijo el MP.
“De igual manera –continuó el órgano acusador– en esa factura de Blindatech se le hace también el blindado al vehículo de un empleado del señor (Jochi Gómez), que se llama Jhoan Liriano, con un pago de Dekolor, de otra de las empresas que también están bajo investigación por sobornos en este caso”.
Motivación de la jueza
Al tomar su decisión, la jueza Franchesca Potentini Rosario argumentó que ni en los relojes, en los vehículos y en la escopeta se sometió la documentación que confirmen que son bienes del imputado y de su obtención de manera lícita.
“Al igual que por la colección de relojes, los cuales deposita fotografías al tribunal de los mismos, sin embargo, dichos “relojes” deben estar avalados por documentación que pueda determinar el tribunal su propiedad, además de la compra lícita, de tal forma que, no puede ser ponderado por el tribunal. Por consiguiente, considera este tribunal que la solicitud que ocupa nuestra atención resulta ser improcedente”, concluyó Potentini Rosario.
Las imputaciones del Ministerio Público
A Jochi Gómez y al exdirector del Intrant, Hugo Beras, el Ministerio Público los señala de sabotear la red semafórica en el mes de agosto del año pasado (2024) y de formar parte de una estructura de crimen organizado para estafar al Estado dominicano a través de la licitación para obtener el contrato de modernización de la red semáforos del Gran Santo Domingo.
Los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Administración Pública (Pepca) expresaron en la audiencia de la solicitud de Gómez que a éste también se le imputa el “uso ilegal de un espacio de radiofrecuencia, eso es certificado por Indotel” para interceptaciones a través de celulares hackeados.
“Sin licencia para extraer celulares, sin tener autorización de servicios de inteligencia o de servicio de Estado para poder hacer análisis de equipos electrónicos o análisis de tipo forense”, añadió el órgano acusador.
Asimismo, está encartado del “acuerdo ilegal y el uso de los signos distintivos de las Fuerzas Armadas a través de Aurix (una de sus empresas)” y en cuyo contrato creó “un centro de espionaje contra personas”.
La Pepca señala "una imputación muy relevante, que es la de PagoRD Xchange”, en la que dice que “el señor José Ángel Gómez Canaán es acusado de haber defraudado con más de ochocientos millones de pesos dominicanos (RD$800,000,000.00) al Estado dominicano en un contrato también con el Intrant”.
La Pepca dijo que investiga a Jochi Gómez desde el 2018.
MP debe someter acusación en próximos días
El Ministerio Público debe someter en los próximos días la acusación contra Gómez Canaán y Hugo Beras, porque a mediado de este mes vence el plazo otorgado por la jueza Padilla para hacerlo.
Además de Beras y Gómez Canaán, están siendo investigados en el caso, bautizado como Operación Calamar, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
También Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exdirector administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.
