Con los recursos se busca que la Corte de Apelación revoque la decisión del tribunal que dictó prisión preventiva contra los siete encartados de presuntos actos de corrupción administrativa.
La defensa de los imputados en el presunto entramado de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) depositaron formalmente recursos de apelación contra la decisión que dictó 18 meses de prisión preventiva para los principales señalados.
La impugnación busca revocar la resolución emitida por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además declaró el caso complejo.
Los recursos fueron depositados por separado por Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, entre otros profesionales del derecho, quienes alegan no están conforme con la decisión del tribunal.
Tras este paso, el expediente será remitido a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, dirigida por el magistrado Julio César Canó Alfau, quien designará la sala penal encargada de conocer el recurso.
El grupo de imputados enviados a prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras y la cárcel de Najayo incluye a Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera
Asimismo, el tribunal fue apoderado de un recurso de apelación presentado por la parte querellante representada por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El esquema delictivo según el Ministerio Público
El órgano acusador sostiene que el entramado operó durante varios años, defraudando miles de millones de pesos del sistema público de riesgos de salud.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
Investigaciones en curso
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
Se espera que, conforme avancen las indagatorias, se produzcan nuevos sometimientos vinculados a este millonario desfalco.
