A su juicio, la permisividad institucional, la debilidad en la aplicación de la ley y la ausencia de voluntad política han permitido la consolidación de un sistema paralelo donde miles de motocicletas circulan sin regulación efectiva, sin fiscalización real y, en muchos casos, vinculadas a hechos delictivos, violencia callejera, ocupación arbitraria de espacios públicos y agresiones colectivas contra ciudadanos y autoridades.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideró que la reciente muerte del conductor de camión recolector en Santiago, tras ser brutalmente agredido por una turba de motoristas, constituye un hecho que no puede ser tratado como un episodio aislado, sino como una manifestación de un problema estructural que desde hace años viene deteriorando la seguridad ciudadana.
