José Rafael Rodríguez Cáceres, coordinador de Resivi-RD, conversó con el director de Listín Diario, Miguel Franjul, sobre los puntos clave para renovar la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Reducir los accidentes viales y fortalecer el sistema de tránsito son parte de los objetivos de la organización Reducción de Siniestros Viales en la República Dominicana (Resivi-RD).
José Rafael Rodríguez Cáceres, coordinador de Resivi-RD, conversó con el director de Listín Diario, Miguel Franjul, sobre los puntos clave para renovar la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Uno de los problemas planteados por Rodríguez Cáceres fue la falta de judicialización de las infracciones. Según explicó, esto provoca que las multas no se ejecuten y que el ciudadano no enfrente consecuencias reales.
“Las infracciones no están siendo judicializadas y, al no ocurrir esto, las multas nunca se ejecutan; se quedan solo en infracciones. Ahí está la debilidad que provoca que el ciudadano no tenga consecuencias”, señaló.
Conforme a Rodríguez Cáceres, la ley contempla dos tipos de infracciones: digitales y físicas. De las primeras se encarga la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y de las segundas el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Estas violaciones pueden ser judicializadas en un plazo de 30 días por tribunales de tránsito, juzgados de paz o fiscalías de tránsito. Sin embargo, actualmente solo Santo Domingo cuenta con una fiscalía de tránsito. Ante esta limitación, Resivi-RD propone la creación de fiscalías de tránsito digitales, evitando así el traslado de ciudadanos que residen lejos de la capital.
“El agente adscrito al Intrant levanta la infracción con un celular y esta se envía al centro de cómputo. Al judicializar las faltas, el ciudadano se enfrentará a la severidad de la ley”, expresó.
Seguimiento de sanciones
Otro tema tratado fue el seguimiento de las sanciones para lograr una aplicación eficiente de la ley. El coordinador de Resivi-RD enfatizó la necesidad de vigilar a los conductores que acumulan múltiples multas y mantienen un manejo temerario.
“Tenemos ciudadanos que se ufanan de tener 30 infracciones. Ese ciudadano es recurrente y la ley es progresiva en la aplicación de las sentencias”, manifestó.
Explicó que, dependiendo de la gravedad, las penas pueden ir desde uno a cinco días de prisión, de cinco a treinta días en casos leves, y hasta tres años de cárcel en casos graves.
“Un ciudadano con 30 infracciones o un motorista que transita por la acera son peligros para la sociedad y se les podría aplicar la pena máxima de tres años”, aseguró.
Finalmente, destacó que buscan mejorar la conducta vial en el país y proponen la creación de una patrulla de seguridad vial.
Esta unidad estaría compuesta por agentes de la Policía Nacional y la Digesett, con el fin de optimizar tanto el levantamiento de actas como la imposición de multas.
