
La extradición fue ejecutada en cumplimiento del decreto número 243-26, luego de una intensa operación de inteligencia, vigilancia y seguimiento desarrollada por agentes de la DNCD, quienes lograron localizar y capturar al imputado.
El Gobierno dominicano, apoyado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), extraditó hacia Puerto Rico a un dominicano acusado de asesinato, porte y uso ilegal de armas, entre otros cargos.






