Este flujo de informes, intensificado en los últimos años, abarca desde proyectos de infraestructura estratégica, organismos de seguridad nacional, organismos de transporte y energía hasta partidos políticos y gobiernos locales, exponiendo anomalías que permanecieron fuera del radar judicial durante años.
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) expedientes sobre presuntas irregularidades que abarcan hasta una década de gestión pública.
