Panamá registró 1.980 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y abril de 2026, según el informe estadístico del Ministerio Público. La cifra representa un aumento de 5% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 1.892 denuncias.
El reporte, con cifras preliminares del Sistema Penal Acusatorio, muestra que los delitos sexuales mantienen una tendencia creciente en el primer cuatrimestre del año.
El mes con más denuncias fue abril, con 539 casos, seguido de
marzo, con 538; enero, con 487, y febrero, con 416. La mayor parte de las investigaciones corresponde al capítulo de violación y otros delitos sexuales, que acumuló 1.795 denuncias.
Otros 185 casos fueron clasificados dentro del capítulo de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.
El delito con mayor número de reportes fue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con 742 denuncias hasta abril. Le siguieron los casos de violación, con 646 denuncias; actos libidinosos, con 306; corrupción de menores de edad, con 126; y violación doblemente agravada, con 85 investigaciones abiertas.
La comparación interanual revela movimientos distintos por tipo de delito. Las denuncias por violación bajaron 11%, al pasar de 726 a 646 casos; sin embargo, el acceso sexual con personas mayores de 14 años y menores de 18 años aumentó 18%, al subir de 630 a 742 denuncias.
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La corrupción de menores creció 40%, mientras que los reportes de pornografía infantil pasaron de 18 a 39 casos, un incremento de 117%.
Por área geográfica, Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias, con 406 casos. Le siguieron Chiriquí, con 309; Panamá Oeste, con 259; Bocas del Toro, con 195; la comarca Ngöbe Buglé, con 194; Coclé, con 149; Veraguas, con 128; y San Miguelito, con 117. En términos porcentuales, Herrera registró el mayor aumento frente a 2025, con 40%, seguido por Chiriquí y San Miguelito, ambos con 17%.
Condena de 37 años
En este contexto, el Ministerio Público reportó una condena de 37 años de prisión contra un hombre de 28 años en Veraguas, declarado responsable de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menores agravada en perjuicio de dos niñas de 8 y 9 años. Los hechos ocurrieron en 2024, en el distrito de Santiago.
El caso de Aitabdel Salem destapó una falla insólita en el sistema judicial, mostrando cómo la mala comunicación puede prolongar el encierro por una suma simbólica que nunca le fue informada
Un hombre fue condenado a 37 años de prisión en Veraguas por delitos sexuales contra dos niñas. Imagen Ilustrativa Infobae
Durante la audiencia ante el Tribunal de Juicio, la Fiscalía Regional de Veraguas presentó la teoría del caso y las pruebas que vincularon al sentenciado con los delitos. Además de la pena principal, el tribunal impuso una sanción accesoria de 14 años de inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en espacios donde regularmente se agrupen menores de edad.
El Ministerio Público también informó otro caso reciente en Colón, donde un ciudadano de 29 años quedó bajo detención provisional por los delitos de violación sexual agravada y actos libidinosos agravados en perjuicio de una menor de 13 años.
La medida cautelar fue ordenada por un Tribunal de Garantías, luego de que la Fiscalía sustentara riesgos procesales como posible destrucción de pruebas, peligro para la víctima y riesgo para la comunidad.
De acuerdo con la investigación, este caso se originó en febrero de 2025 en el corregimiento de Cativá. Durante la audiencia, realizada el 15 de mayo de 2026, el Ministerio Público también solicitó un anticipo jurisdiccional de pruebas, petición que fue concedida por el juzgado.
Los dos procesos reflejan una de las características más sensibles de este tipo de delitos: la afectación directa a niñas y adolescentes, muchas veces dentro de entornos cercanos o de confianza. Aunque cada expediente mantiene su trámite judicial particular, ambos casos se conocen en momentos en que las estadísticas oficiales muestran un incremento general de denuncias por delitos sexuales en Panamá.
El Ministerio Público advirtió que los datos del informe pueden variar con el avance de las investigaciones y el proceso utilizado por los fiscales. Aun así, el balance hasta abril deja una señal clara: las denuncias por delitos sexuales no solo siguen en niveles altos, sino que algunas conductas asociadas a menores de edad muestran incrementos relevantes frente al año pasado.
La presión sobre el sistema judicial se concentra ahora en dos frentes: avanzar en las investigaciones penales y fortalecer la protección temprana de las víctimas. El comportamiento de las cifras confirma que los delitos sexuales continúan siendo uno de los principales desafíos de seguridad y justicia en Panamá, especialmente cuando involucran a menores de edad.
