Desde abril de 2025 un protocolo oficial dispuso que inspectores y agentes migratorios desplegados en los hospitales verifiquen que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en República Dominicana y cubran el costo de los servicios recibidos. De no ser así, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados.
El dominicano Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) dijo que entregó este lunes en la sede de Gobierno un documento, con más de 1,000 firmas ciudadanas, que solicita al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, la "derogación inmediata" de las políticas migratorias en los hospitales públicos.
