Santiago.– El arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, calificó como un avance la promulgación del nuevo Código Penal, aunque advirtió que la legislación debe ser revisada para corregir disposiciones que, a su juicio, podrían vulnerar derechos fundamentales. Al mismo tiempo, instó al Gobierno a priorizar la lucha contra el alto costo de la vida, los bajos salarios y la violencia.
El líder de la Iglesia católica sostuvo que el anterior Código Penal había quedado desfasado frente a las nuevas modalidades delictivas que enfrenta el país, pero enfatizó que ninguna ley será suficiente si la ciudadanía no actúa con responsabilidad.
“Mi llamado es a la ciudadanía a que actuemos bien, con códigos o sin códigos; para mí eso es lo más importante”, expresó.
Rodríguez manifestó su confianza en que la comisión encargada de revisar el texto legal introduzca las correcciones necesarias, especialmente en los artículos relacionados con la libertad de expresión, los cuales han sido cuestionados por diversos sectores al considerar que podrían limitar el ejercicio del periodismo y el derecho a informar.
“Un código que restrinja el derecho de comunicarse no es bueno. Espero que la comisión tenga en cuenta esos detalles y se pueda corregir lo que se deba corregir”, afirmó.
No obstante, precisó que la libertad de comunicación también debe ejercerse con responsabilidad y sin recurrir a la difamación.
Más allá del debate sobre la reforma penal, el arzobispo exhortó a las autoridades a escuchar las demandas de los sectores más vulnerables y atender los problemas que, según dijo, afectan diariamente a la población.
Entre esas preocupaciones mencionó el elevado costo de la vida y los bajos salarios, al considerar que los ingresos de la clase media y de los trabajadores resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de sus familias.
Asimismo, alertó sobre el incremento de los feminicidios, calificándolos como una de las expresiones más graves de la violencia social que vive el país y que requiere respuestas contundentes por parte del Estado.
“Las autoridades están para eso, para darse cuenta de por qué la sociedad grita y se queja, sobre todo los más pobres”, concluyó el prelado.
