Santo Domingo.– El presidente Ad Vitam del Partido Humanista Dominicano (PHD), Eléxido Paula Liranzo, y el secretario nacional de Organización, Julián Burgos, cuestionaron lo ocurrido en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) celebrada el domingo 16 de agosto, tras señalar que fueron convocados para organizar la nueva VII Convención Nacional Ordinaria, pero la reunión terminó tomando un rumbo completamente distinto.
Aunque desde semanas antes se conocía que el presidente Ramón Emilio Goris estaba contactando sus dirigentes para una reunión, la convocatoria formal comenzó a recibirse después de las 5:00 de la tarde del jueves 13, con menos de tres días de anticipación, bajo la denominación de “Asamblea Extraordinaria”, y teniendo como tema la organización de la Convención.
“Fuimos convocados para organizar la Convención. Sin embargo, no se fijó su fecha ni se avanzó realmente en su organización. En cambio, la mayoría del CEN fue utilizada para aprobar tres asuntos distintos”, señalaron.
El primero fue la creación de comités de verificación del padrón, pese a que ese mecanismo ya había sido objeto de cuestionamiento en la Sentencia TSE-0009-2026. En su numeral 8.7.12, el Tribunal determinó que en el proceso anterior ni el padrón ni los comités encargados de su revisión habían quedado válidamente aprobados.
El segundo fue un Reglamento Electoral preparado unilateralmente por la plancha del propio presidente, sin participación de la plancha contraria. Entre sus disposiciones se cuestiona una que permitiría proclamar una plancha ganadora aun cuando la Convención no alcance el quórum estatutariamente requerido para instalarse.
Paula y Burgos advirtieron que un reglamento aprobado por el CEN no puede convertirse en una vía indirecta para modificar los Estatutos del partido. “Si los Estatutos establecen un quórum para la Convención, no puede eliminarse o hacerse irrelevante mediante un reglamento electoral. El CEN puede reglamentar dentro de sus atribuciones, pero no modificar por esa vía una disposición estatutaria”, sostuvieron.
El tercer punto fue la autorización para utilizar en la Convención RD$7.5 millones cuyo manejo había sido descubierto y cuestionado por dirigentes del partido. Los documentos disponibles muestran cuatro cheques del PHD que totalizan RD$7.5 millones y un certificado financiero constituido el 31 de julio de 2024 por exactamente RD$7.5 millones. Posteriormente, ese certificado aparece en la declaración jurada de patrimonio del presidente como un producto financiero del cual figura como titular.
Un elemento que aumenta las interrogantes es que, después de que dirigentes del partido detectaran y cuestionaran esos recursos, el presidente presentó ante el TSE un acta del Comité Político del 2 de noviembre de 2025 con la cual procuró acreditar que había informado sobre los RD$7.5 millones. Ese documento fue depositado ante el Tribunal el 8 de junio de 2026.
Sin embargo, el propio certificado anexado muestra que había sido constituido desde el 31 de julio de 2024, más de un año antes de la reunión en la que se afirma haber informado sobre su existencia.
“Si todo estaba debidamente autorizado desde julio de 2024, todavía queda por explicar quién autorizó la operación, por qué esos recursos terminaron vinculados a un certificado a nombre de personas físicas, por qué hubo que esperar más de un año para informar sobre ellos y por qué las explicaciones comenzaron a aparecer después de que la operación fuera cuestionada”, expresaron.
Paula y Burgos concluyeron que lo más preocupante sigue siendo el resultado de la reunión:
“Fuimos convocados para organizar la Convención y salimos sin fecha para la Convención. Se aprobaron comités de verificacion, un reglamento y el uso de RD$7.5 millones que no es más que una salida salomónica para la situación del presidente con un dinero del partido que se descubrió que apareció misteriosamente en su cuenta personal, pero aquello para lo cual supuestamente fuimos convocados quedó pendiente.”
