El fallo responde a una acción interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) en representación del Estado dominicano, luego de que fueran identificados incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, entre otras.
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) canceló los contratos de concesión minera suscritos entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
