El juez Rafael Armstrong advierte que el endurecimiento de penas no aborda las causas de la delincuencia
El presidente Luis Abinader defendió la aplicación del cúmulo de penas contemplado en el nuevo Código Penal y aseguró que una persona con múltiples antecedentes delictivos o 10 fichas tiene pocas posibilidades de reinsertarse en la sociedad.
“Una gente que tenga 10 fichas es muy difícil que se… Yo no le veo muchas posibilidades de poder reincorporarse a la sociedad, aunque nunca se renuncia”, expresó el mandatario durante las entrevistas que realiza hoy el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Las declaraciones ocurren luego de que la Policía Nacional presentara un registro de más de 53,000 personas con órdenes de arresto pendientes y en el que las autoridades endurecen las medidas para enfrentar la criminalidad.
Debate sobre el efecto de las penas
El cúmulo de penas ha ocupado parte de las discusiones durante el inicio de las entrevistas del CNM. En ese contexto, el mandatario defendió la necesidad de contar con sanciones que respondan a las modalidades actuales de la delincuencia.
“Nos estamos adaptando también al tipo de criminalidad del momento; se necesita ya una reacción con un código que pueda encarar esos retos que tenemos actualmente”, sostuvo el mandatario al referirse a las disposiciones incorporadas en el nuevo Código Penal.
El comentario surgió durante la entrevista a Miguelina Beard Gómez, aspirante a la Suprema Corte de Justicia, quien defendió la implementación del cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión contemplado en la Ley 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana.
El tema también provocó un intercambio entre Abinader y Rafael Armstrong Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sobre la efectividad de las penas prolongadas como mecanismo para reducir la criminalidad.
Báez García planteó que el endurecimiento de las sanciones no resuelve por sí mismo las causas que generan la delincuencia y recordó que la pena privativa de libertad también tiene como finalidad constitucional procurar la reinserción social de las personas condenadas.
“El tema del cúmulo de penas no va a resolver los problemas de la criminalidad, absolutamente. 60 años de prisión en un país donde el promedio de vida es 72, es algo que no necesita mucha explicación”, manifestó.
El magistrado explicó que detrás del cúmulo de penas subyace la denominada teoría de la incapacitación, mediante la cual se busca apartar durante un período prolongado de la sociedad a quienes cometen determinados delitos. Sin embargo, advirtió que esa finalidad puede entrar en tensión con el propósito de reinserción social de la pena.
“Y ahí viene el gran dilema. El gran dilema es la razón de ser del derecho penal y la razón de ser de la pena. Ambas razones son irreconciliables”, sostuvo.
El juez insistió en que las políticas públicas deben concentrarse también en generar condiciones que reduzcan las posibilidades de que las personas incurran en actividades delictivas, aunque reconoció que el Estado no puede impedir de manera absoluta que se produzcan hechos criminales.
Abinader defiende efecto disuasorio
Abinader coincidió con Báez García en la importancia de atender las causas de la delincuencia y fortalecer las políticas de prevención, pero discrepó respecto al efecto que puede tener el aumento de las penas. “Mayores penas también está probado, que es una disuasión”, afirmó.
El mandatario reconoció que se trata de una discusión criminológica sobre la que existen distintas posiciones, pero reiteró su posición de que sanciones más severas pueden contribuir a desalentar la comisión de determinados delitos
