Ylsa Emperatriz Quero Cabrera deberá cumplir tres medidas de coerción mientras avanzan las investigaciones sobre el presunto internamiento involuntario del empresario en un centro de salud mental.
Santo Domingo Este.– La psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera enfrentará en libertad, bajo medidas de coerción, el proceso judicial que se le sigue por su presunta vinculación con el internamiento involuntario del ingeniero y empresario Juan Francisco López Chapor en un centro de salud mental.
El juez de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Leomar Cruz Quezada, le impuso una garantía económica de RD$50,000, presentación periódica e impedimento de salida del país, tras rechazar la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.
La decisión fue adoptada este domingo 18 de octubre, luego de que la médica permaneciera detenida desde el pasado 14 de octubre, mientras avanzan las investigaciones sobre el caso.Tras conocerse la medida, el abogado defensor, Jean Cristofer Pérez, cuestionó los fundamentos de la acusación y aseguró que no existen pruebas que vinculen a su representada con los hechos que se le atribuyen.
“El Ministerio Público estaba solicitando prisión preventiva frente a un caso donde no hay un solo elemento de prueba que vincula a la doctora Ylsa Quero con los hechos que se imputaron en principio”, afirmó el abogado.
Pérez también sostuvo que la psiquiatra no figura en una acusación anterior relacionada con el mismo caso, argumento con el que puso en duda los fundamentos de su inclusión en el proceso judicial.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Quero Cabrera habría recomendado a Nancy Estervina de Jesús, esposa de López Chapor, con quien este se encontraba en proceso de divorcio, gestionar el ingreso del empresario a un centro psiquiátrico sin su consentimiento.
El proceso busca establecer las circunstancias en que se produjo el presunto internamiento involuntario y determinar las posibles responsabilidades de los involucrados.
La psiquiatra deberá cumplir las medidas impuestas por el tribunal mientras continúa el proceso judicial. Hasta que exista una decisión definitiva, se mantiene la presunción de inocencia.
