Pro Consumidor clausura seis negocios e investiga otros dos
Aduanas e Impuestos Internos han determinado miles de millones de pesos en diferencias tributarias
Las autoridades dominicanas redoblan el cierre de establecimientos comerciales de capital chino que incumplen las normas nacionales, en una ofensiva que ha revelado irregularidades fiscales, laborales, sanitarias y de seguridad estructural, además de operaciones industriales sin los permisos correspondientes.
Pro Consumidor dispuso la clausura temporal de seis establecimientos en el Gran Santo Domingo y mantiene otros dos bajo investigación para determinar si procede su cierre, tras detectar infracciones relacionadas con la comercialización de productos sin registro sanitario y la exhibición de artículos para adultos en lugares visibles para menores.
Entre los establecimientos intervenidos figuran Home Plus, AMG Mall, Plaza Neza, Tienda Rojo Star, Tienda Nuevo Mundo, Import y Export, Sol, Playa y Arena. La institución, dirigida por Eddy Alcántara, fundamentó sus actuaciones en las resoluciones 1934-26 y 1935-26.
Las medidas se producen después de otras intervenciones que evidencian la amplitud de los incumplimientos detectados en determinados negocios de capital chino.
Una fábrica sin permisos
El caso más reciente ocurrió en San Antonio de Guerra, donde las autoridades clausuraron la fábrica de cartón Cartesa, operada por ciudadanos asiáticos, que carecía de permisos de construcción, uso de suelo y funcionamiento.
El complejo comprendía tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias.
Durante la inspección, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) descubrió un depósito clandestino de hidrocarburos. Las autoridades ocuparon un tanque con capacidad para 5,000 litros y retuvieron 1,000 galones de gasoil, con un valor conjunto estimado en 2.25 millones de pesos.
También se detectaron irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros, lo que motivó la intervención de la Dirección General de Migración.
Millones en impuestos reclamados
Las fiscalizaciones tributarias han producido resultados de considerable magnitud.
En septiembre, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que había determinado ajustes fiscales superiores a 1,500 millones de pesos en comercios chinos, correspondientes a obligaciones tributarias de períodos anteriores.
Su director, Pedro Urrutia, aclaró que esas determinaciones no representan necesariamente dinero recaudado, pues los contribuyentes conservan el derecho de impugnarlas.
La Dirección General de Aduanas, por su parte, estableció diferencias impositivas por 66.4 millones de pesos entre enero y agosto de 2026, mediante catorce fiscalizaciones concluidas, mientras otras 51 permanecían abiertas.
El problema viene de años anteriores. Entre 2020 y 2025, Aduanas realizó 139 auditorías al sector importador asiático que determinaron diferencias tributarias acumuladas de 4,509 millones de pesos.
- Solamente en 2025, las 49 auditorías efectuadas hasta el 23 de diciembre arrojaron diferencias por 1,592 millones de pesos.
Estas actuaciones permiten reclamar impuestos omitidos en operaciones anteriores, aunque los montos determinados no equivalen automáticamente a cobros efectivos.
Construcciones y derechos laborales
Las inspecciones también alcanzan las condiciones de seguridad de las edificaciones. En 2025, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones ordenó clausuras por incumplimientos de normas constructivas, algunas de las cuales se prolongaron durante meses.
En materia laboral, el Ministerio de Trabajo informó en octubre que había inspeccionado 101 establecimientos comerciales chinos y levantado 1,016 actas, incluidas 42 infracciones remitidas a los tribunales.
Las irregularidades abarcaron incumplimientos del descanso semanal, pago de horas extraordinarias, bonificaciones y contratación de trabajadores extranjeros.
Las actuaciones oficiales responden también a las reclamaciones de comerciantes dominicanos que exigen igualdad de condiciones tributarias y regulatorias.
El Gobierno sostiene que la inversión extranjera es bienvenida, pero debe cumplir las mismas leyes que rigen para las empresas nacionales.
