El informe de la Cámara de Cuentas sobre sobre la auditoría a la construcción del Metro de Santo Domingo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) durante la gestión de Diandino Peña recomendó al Ministerio Público ejercer la acción penal en este caso.
“Procede informar al Ministerio Público para que ejerza las atribuciones que le confiere el artículo 169 de la Constitución, en su calidad de órgano con el monopolio de la acción penal pública”, indica el informe de la auditoría en sus coclusiones jurídicas.
Específicamente el artículo 169 de la Constitución indica que “el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”.
La Cámara de Cuentas concluyó que las irregularidades evidenciadas por los hallazgos suponen un perjuicio directo a los intereses del Estado y configuran una transgresión del ordenamiento constitucional y legal imperante, por lo que los funcionarios comprometen su responsabilidad civil, administrativa, e incurren en indicios de responsabilidad penal.
Pide identificar responsables
La institución también llama a identificar a los funcionarios responsables de las conductas lesivas reveladas en la auditoría.
“Es pertinente identificar a todos aquellos funcionarios y servidores públicos actuales y salientes, cuya actuación u omisión en el desempeño de sus funciones dieron lugar a las conductas antijurídicas y lesivas citadas y detalladas precedentemente”, indica.
Entiende también que “los funcionarios no actuaron con el deber de diligencia que le correspondía en el desempeño de su gestión de conformidad al marco jurídico aplicable”.
Fue interrogado
Diandino Peña se desempeñó como director ejecutivo de la Opret desde septiembre de 2005 hasta mayo de 2017.
El 10 de marzo de 2021, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) interrogó por casi cuatro horas y por segunda vez, a Diandino Peña, por presuntas irregularidades en su gestión.
Informe
La Cámara de Cuentas publicó este jueves el informe sobre la auditoría a la construcción del Metro de Santo Domingo de la Opret durante la gestión de Diandino Peña que abarcó el período comprendido entre el primero de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.
La investigación realizada a solicitud de la Pepca establece que se cometieron decenas de irregularidades: falta de planificación en la contratación y ejecución del puente ferroviario, falta de planificación en la contratación y ejecución del contrato de Dirección Técnica y Supervisión por la firma, inicio de los trabajos previos a la realización del proceso de compra sin contrato entre las partes (Atteco, por un monto de RD$365,800,000 y Pretedosa, por el monto de RD$ 235,558,541).
Además, reporta la existencia de adendas a contratos que sobrepasan el 25 % establecido por ley, por el monto de RD$227,180,252, incumplimiento en póliza de avance por el valor de RD$86,271,672, monto de la primera cubicación inferior al avance otorgado, por RD$108,410,318.
También obras que presentan pagos superiores al monto contratado, por el monto de RD$7,832,844.
Otras irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas fueron los pagos a inquilinos que, entre otros elementos, presentaron las siguientes condiciones:
- Desalojos y traslados sin documentos justificativos, por el valor de RD$27,551,733.
- Contratos sin firma, por un monto de RD$470,000.
- Emisión de cheque a nombre de funcionario de la entidad, por el valor de RD$206,500.
- Pagos a inquilinos en una misma vivienda, por el monto de RD$780,000.
- Pagos de expropiaciones que superan los montos de la evaluación, por valor de RD$606,330,944.
