La Fiscalía Especializada Contra Crímenes y Delitos Electorales sometió a la justicia tres personas, de las cuales a dos les fueron dictadas medida de coerción por sus actuaciones en los comicios presidenciales y congresuales del domingo.
Los tribunales de Monte Cristi y Bonao impusieron garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país contra dos personas cuyos nombres no fueron revelados por la fuente de elCaribe.
Mientras, se está a la espera de que el tribunal de Puerto Plata dicte coerción contra otro imputado.
Según la información a la que tuvo acceso elCaribe, los detenidos están sometidos por compra de votos e incitación. Se desconocen los partidos políticos a los que pertenecen.
Portal para denuncias
A través del portal creado y presentado por el titular de la procuraduría especializada, Iván Féliz Vargas antes de los comicios, también se han recibido denuncias por presuntos delitos electorales, las cuales están siendo analizadas e investigadas por la institución.
Para el proceso electoral del pasado 19 de mayo, fueron capacitados 125 fiscales y 79 abogados a los fines de identificar y procesar actuaciones contrarias a la ley y a las resoluciones de la Junta Central Electoral (JCE).
En el portal disponible en la plataforma de la Procuraduría General de la República, a través de cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet, se podían realizar denuncias y en tiempo real serían enviadas a la jurisdicción correspondiente, para que el fiscal tome la medida de lugar y para que inicie una investigación.
De igual modo, se dispuso que las fiscalías permanecieran abiertas hasta las 10:00 de la noche, desde el viernes 17 de mayo hasta el domingo 19 a fin de recibir denuncias.
Fuerza del Pueblo denuncia anomalías
El Partido Fuerza del Pueblo (FP) informó que depositó una instancia ante la Junta Central Electoral (JCE) en la que denuncia más de 100 supuestas irregularidades que observaron durante las elecciones. Expresaron que la instancia entregada a la JCE fue con notificación al procurador fiscal para delitos electorales, Iván Féliz, y a la Organización de Estados Americanos (OEA).