El Código Penal fue promulgado en agosto por el presidente Luis Abinader
Cuando los congresistas aprobaron totalmente el proyecto del nuevo Código Penal, prometieron que someterían algunas modificaciones en los artículos que, aunque consensuados, todavía seguían causando ronchas en algunos sectores con los que se analizó la pieza.
A un mes de promulgado el nuevo Código Penal, en la Cámara de Diputados ya reposan dos proyectos de ley que impactan directamente en el documento y que serían aprobados antes de que culmine el plazo de un año para que la legislación entre en vigencia en el país.
El primero, aunque no cambia en esencia ningún artículo de la pieza, busca, mediante una ley, se implemente un programa de capacitación y difusión del nuevo Código Penal en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Policía Nacional y los organismos de investigación del Estado.
El artículo tres del proyecto, depositado por la diputada Carmen de la Rosa, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), crea el plan nacional de capacitación sobre el Código Penal. La pieza establece que la capacitación será un requisito obligatorio para ejercer en funciones como abogados, jueces, fiscales y oficiales de la Policía.
Además, la pieza dispone que el Poder Ejecutivo, cada año, rendirá cuentas ante el Congreso sobre el avance de la capacitación, el número de funcionarios impactados y el alcance de la campaña por el Código Penal.
Eliminar artículos
Otro proyecto que cambiaría el recién promulgado Código Penal fue presentado por el diputado Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y plantea la supresión de los artículos 310 y 311, que establecen sanciones de hasta un año de prisión menor y multas contra cualquier persona que pronuncie palabras, envíe escritos o realice gestos considerados contrarios a la dignidad de un funcionario o servidor público en el ejercicio de sus funciones.
Además de este cambio, el proyecto de Raposo introduce modificaciones en otros artículos. En el 157, sobre la obstaculización de medidas de socorro, propone un párrafo que exima de sanciones cuando la obstrucción de ambulancias o vehículos de auxilio ocurra en el marco de una protesta, actividad religiosa, deportiva o lúdica.
En cuanto al artículo 192, que penaliza la difusión no consentida de audios, imágenes o videos de otra persona, la iniciativa añade un párrafo que establece que no habrá responsabilidad penal si se trata de contenidos hechos públicos por el propio titular y difundidos de manera que no atenten contra el pudor ni la dignidad humana.
El proyecto también toca el artículo 386, sobre la incitación a armarse contra el Estado, que contempla penas de cinco a 10 años de prisión mayor.
Raposo propone agregar un párrafo que excluya de responsabilidad penal a los pronunciamientos, consignas o reclamos surgidos en contextos de demandas ciudadanas, campañas políticas o reuniones religiosas.
Propuesta pendiente
Aunque aún no ha presentado formalmente su propuesta, el Consejo de Expresidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana anunció que prepara un grupo de modificaciones al Código Penal que, entre otros aspectos, busca modificar el artículo 136, que establece penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes, dentro de una relación de pareja, incurran en lo que los legisladores establecieron como "actividad sexual no consentida".
Aunque el consejo reiteró su respeto absoluto a los derechos de la mujer, advirtió que la redacción actual del texto podría enviar una señal "que debilite la estructura familiar dominicana", y entiende necesario revisar si el marco de penas resulta proporcional.
Otro punto en que los expresidentes del Colegio de Abogados plantearon modificaciones corresponde a los accidentes de tránsito.
En tal sentido, recordaron que el consejo sometió una propuesta durante el estudio del proyecto, con el objetivo de endurecer las penas cuando se comprobara que un accidente fue provocado por conductores en estado de embriaguez, bajo efecto de drogas o por faltas graves de prudencia.
Según señalaron, la actual Ley 63-17 solo contempla penas de entre dos y tres años para este tipo de hechos, mientras que el nuevo Código Penal las eleva hasta un máximo de cinco.
El proceso
Los dos proyectos depositados formalmente en la Cámara de Diputados, actualmente se encuentran bajo el estudio de la comisión permanente de justicia, que deberá decidir si rinde un informe sobre las piezas y modifica así el controversial Código Penal antes de que entre en vigencia en el 2026.
