La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) llamó este miércoles a las autoridades estatales, a los partidos, y a la sociedad dominicana a reflexionar «profundamente sobre los efectos nocivos que representa el clientelismo político» para el fortalecimiento de la democracia.
«No debemos poner en riesgo la transparencia, la legitimidad y el debate amplio de las ideas, en un ambiente de pluralismo político. No se trata de vulnerar el derecho a la libre elección, asociación y participación política, sino de desincentivar las actuaciones antidemocráticas que atenten contra el bienestar e igualdad de los ciudadanos y nuestras instituciones», indicó Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la entidad.
Precisó que el clientelismo se caracteriza por ser una práctica por medio de la cual una persona que ostenta una posición de poder concede beneficios o privilegios a otra con el fin de obtener su favor o apoyo político en el marco de unas elecciones.
Además, destaca la necesidad de regular esta práctica que desequilibra la igualdad en las elecciones y resalta que el apoyo ciudadano debe derivar de relaciones formales basadas en el pluralismo político y no en ofertas o dádivas. La organización insta a las autoridades estatales, partidos políticos y la sociedad en general a reflexionar sobre las implicaciones nocivas del clientelismo en la fortaleza de la democracia dominicana.
Resalta la importancia de erradicar el clientelismo político y construir una base sólida para una democracia.
A continuación comunicado íntegro
A la luz de los aprestos electorales que se despliegan en todo el país, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) expresa su alta preocupación por los efectos negativos que arrastra el fenómeno del clientelismo político, especialmente para nuestro modelo de democracia y las relaciones políticas que en este sistema se establecen.
Nuestro sistema electoral está diseñado como un mecanismo que propicia el derecho a la libre asociación y participación política de la ciudadanía, para lo cual debe contar con herramientas eficientes que promuevan su fortalecimiento. El desarrollo social y político de una nación amerita de una participación social y políticamente estable. El sistema político, así como las políticas públicas imperantes, deben ser el resultado de una visión coherente y razonable dirigida a equilibrar las demandas urgentes del presente con las tareas y retos que plantea la democracia para su estabilidad a largo plazo.
El clientelismo político tiene múltiples definiciones y su conceptualización inadecuada puede dar lugar a encubrir una triste realidad que empobrece nuestra democracia. Existe suficiente acuerdo, sin embargo, para caracterizarla como una práctica por medio de la cual una persona que ostenta una posición de poder concede beneficios o privilegios a otra con el fin de obtener su favor o apoyo político en el marco de unas elecciones.
Este fenómeno denota una compleja relación que se observa incluso en los regímenes más democráticos. Es una modalidad que favorece el predominio de la corrupción política, pues garantiza el intercambio de bienes y servicios de una parte, a cambio del apoyo político de otra. Se constituye en la forma predominante de la práctica política de determinados agrupamientos o líderes, para obtener respaldo electoral, para lo cual el clientelismo se disfraza para presentarse como un método alterno de sumisión.
El clientelismo se constituye de este modo en un fenómeno que desnaturaliza la esencia de la democracia. El uso de los recursos como una práctica informal, lacera la libertad de los votantes bajo el supuesto de que la elección popular ya no es más el producto de un análisis transparente y recíproco en búsqueda de una gobernabilidad eficiente, sino que es el fruto de favores, donde poco importa el bienestar social, el debate sano de ideas y la promoción de un pluralismo político autónomo y diverso.
Cuando el clientelismo se convierte en la forma preferida del sistema político para relacionarse con la sociedad, su nocividad va en aumento. Al no estar regulada legalmente, crea un ambiente hostil que impide que la ciudadanía privilegie con su voto a los líderes políticos por sus méritos o aptitudes, pues estos elementos se convierten en irrelevantes, dado que su fortaleza se deriva de las dádivas prometidas. Recordemos que es fundamental que el ejercicio democrático sea sano, justo y equitativo, que impida la consolidación de la falsa creencia de que el poder debe recaer en quien más tiene para ofrecer.
Ciertamente, en todo proceso electoral se hace necesario el apoyo económico, social y político de la ciudadanía, pero ese apoyo debe obtenerse por medio del establecimiento de relaciones formales como consecuencia de un amplio ejercicio pluralista. No obstante, la democracia queda lesionada desde el momento en que las vinculaciones son establecidas en base a ofertas, como si el voto fuese una subasta donde se lo gana el mejor postor y quien más beneficios personales ofrezca.
La idea central del modelo democrático es la idea de que, en toda contienda, los derechos de quienes intervienen, sin importar su condición, se encuentran en igualdad de condiciones, así sea antes o después de realizarse el proceso electoral. Sin embargo, con prácticas como el clientelismo se generan preferencias que a la larga ocasionan que un grupo de individuos sea atendido en base a sus propios intereses, mientras que otro resulta desfavorecido dando origen a un problema colectivo que perjudica el ejercicio político. Con este sistema se constituye una plataforma cada vez menos abierta a ofrecer oportunidades para el desarrollo personal y social.
La FINJUS llama a las autoridades estatales, a los partidos y agrupaciones políticas y a la sociedad dominicana a reflexionar profundamente sobre los efectos nocivos que representa el clientelismo político para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y la necesidad de que, en base a los marcos legales vigentes, se frene su expansión en este proceso electoral.
Debemos promover un marco plural y representativo con reglas claras y justas, que declare socialmente inaceptable este tipo de prácticas. No debemos poner en riesgo la transparencia, la legitimidad y el debate amplio de las ideas, en un ambiente de pluralismo político. No se trata de vulnerar el derecho a la libre elección, asociación y participación política, sino de desincentivar las actuaciones antidemocráticas que atenten contra el bienestar e igualdad de los ciudadanos y nuestras instituciones.
Dr. Servio Tulio Castaños G.
