Aunque la decisión fue notificada formalmente el 6 de junio de 2025, la Policía Nacional nunca entregó los documentos, dejando al ciudadano sin acceso a información esencial sobre su situación laboral y su derecho a la defensa.
El Tribunal Constitucional (TC) emitió dos nuevas sentencias en las que sanciona a distintas entidades del Estado por incumplir órdenes judiciales previas, acumulando en conjunto RD$1,470,000.00 en astreintes (multas conminatorias) a favor de dos ciudadanos afectados por la inacción administrativa.
